Milei no podrá frenar en la Justicia las leyes que aprobó el Senado, advierten constitucionalistas

El gobierno de Javier Milei se enfrenta a un revés político e institucional tras la aprobación en el Senado de un paquete de leyes que incluyen el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de la emergencia en discapacidad y dos proyectos clave promovidos por los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

El Presidente anunció que vetará las leyes, y dejó entrever que, de persistir la voluntad del Congreso, recurrirá a la Justicia para intentar detener su aplicación. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional aseguran que esa vía no tiene sustento legal.

“Vamos a vetar. Si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, advirtió Milei durante un acto en la Bolsa de Comercio. Pero según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, esa posibilidad “carece de fundamento constitucional” y muestra un desconocimiento básico del sistema republicano. “Sería absurdo que el Estado Nacional se demande a sí mismo”, expresó.

El Senado alcanzó en varios casos los dos tercios necesarios para insistir en los proyectos, incluso tras un eventual veto presidencial. Si ambas cámaras mantienen esas mayorías, las leyes quedarían firmemente sancionadas, y el Ejecutivo estaría obligado a aplicarlas.

Diego Armesto, también abogado constitucionalista, fue tajante: “No se puede judicializar un proceso constitucional válido. Si el Presidente veta, está reconociendo el funcionamiento legal del Congreso”.

Por su parte, Mariano Bar, especialista en derechos humanos, agregó que incluso si se intenta presentar una acción declarativa o de certeza, la Corte Suprema probablemente la rechace por “ausencia de caso o controversia”, tal como lo hizo con el pedido de Cristina Kirchner durante la pandemia.

Bar también recalcó que no corresponde al Poder Judicial opinar sobre el contenido de las leyes, sino resolver disputas reales entre partes. “El Ejecutivo no puede elegir qué leyes aplica: su rol es ejecutarlas, no vetarlas eternamente ni pedir que otro poder las invalide”, concluyó.

En este contexto, Milei enfrenta una encrucijada: vetar las leyes, aun sabiendo que el Congreso podría insistir con la sanción definitiva, o aceptar el peso del equilibrio republicano y ejecutar normas que contradicen su plan económico.